Obligar o no la población a vacunarse: una breve valoración ética sobre la cuestión en el marco de la pandemia del COVID-19

Obligar a los ciudadanos a vacunarse trae consigo un dilema ético central desde el punto de vista jurídico por sus consecuencias de imposición y desde el punto de vista del principialismo por sus fundamentos éticos y morales. Podemos verlo como un conflicto entre los principios éticos de totalidad o terapéutico (es decir, acciones para asegurar el bienestar de los demás) y el principio de sociabilidad y subsidiaridad (es decir, distribución de recursos de salud) frente al respeto por la libertad y responsabilidad (es decir, el derecho a elegir o rechazar el tratamiento) y la defensa de la vida física (es decir, a no hacer daño respetando y defendiendo la vida humana propia y de los demás como primer imperativo ético).

El utilitarismo es un marco moral y ético que busca resolver este dilema, pero no está exento de críticas, puesto que es posible que la libertad individual no se priorice de la misma manera y el concepto de una unidad de utilidad universalmente aceptable es controvertido.

Si bien por razones de respeto a la autonomía de las personas sería preferible que la vacunación fuese una decisión individual y no obligatoria, en condiciones como la pandemia del COVID-19 la vacunación no es exclusivamente un asunto personal, porque contribuye decisivamente al control de la pandemia y con ello mejora ostensiblemente la salud de la población, promoviendo el bien común del que la sociedad y los individuos que la componen se benefician.

También es cierto que instituir la obligatoriedad de vacunación reduce la morbilidad y la mortalidad, así como los costos de atención médica para las personas y la sociedad. De hecho, ya en 2022 existen pruebas sólidas de que las altas tasas de vacunación reducen la mortalidad por COVID-19 y que estas tienen un perfil de seguridad comparable al de otras vacunas.

Así mismo, quedan preguntas sobre qué constituye la obligatoriedad para la sociedad que se está considerando la inmunización. Sin lugar a duda cada comunidad es única en sus necesidades de salud pública, y es muy posible que en áreas en las que hay poca transmisión no sea necesario un mandato de vacunación y, por el contrario, en áreas donde la propagación no se controla, puede ser necesario.

A una escala global más grande, actualemnte no está claro si los mandatos de vacunas mejoran el bien común, ya que obligar a la ciudadanía a vacunarse implica una amenaza o una fuerza que se utilizará contra quienes no cumplan con el mandato. Éticamente, es importante equilibrar el mayor bien que viene con detener la transmisión de enfermedades con el mal de crear una atmósfera en la que las personas se sientan coaccionadas.

Las alternativas a la obligatoriedad de vacunas, como campañas de educación masiva para convencer a las personas indecisas, exenciones de impuestos o paquetes de beneficios mejorados han dado resultados más beneficiosos.